La Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil, informa de la detención de 10 personas que presuntamente formaban parte de una banda, centrada en Jumilla, que defraudaba a la Seguridad Social. Parece ser que se dedicaban a crear empresas falsas, que sólo tenían existencia sobre el papel; luego daban de alta a los trabajadores, y a cambio recibían prestaciones de la S.S. Según la OPC, por el momento se han detectado más de medio millar de altas ilegales.
Siempre según la OPC, las investigaciones comenzaron a finales de 2012, cuando se presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Jumilla. Empezaron a investigar, sobre todo, a cuatro empresas, además de otras mercantiles. Parece ser que el cabecilla de la trama era un español que había puesto las empresas a nombre de testaferros; personas con poco arraigo, lindando con la marginalidad, a quienes el líder abonaba unos 1.000 euros al mes, o incluso les pagaba con droga, a cambio de que firmasen y prestasen su identidad. Luego las empresas iban dando de alta, despidiendo y volviendo a contratar a otros falsos trabajadores.
La trama de empresas y trabajadores estaba generando una burocracia importante: había altas, bajas, peticiones de guardería y escolarización de niños, papeles de estancia en España... algo que les ayudaba a darle vida a las empresas y los trabajadores, como si fuera la típica documentación generada por una empresa de verdad. Al actuar en varias autonomías, cada una con su propia burocracia, se hacía más difícil la inspección. En concreto, según lo descubierto hasta ahora, habían cometido estos fraudes en Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, País Vasco, Ceuta y Melilla.
El cabecilla contaba con la colaboración de personas empleadas en asesorías fiscales y laborales, que utilizando el sistema informático RED podían dar de alta y de baja a numerosos trabajadores en el mismo día. Casi todos los trabajadores pertenecían al sector de la construcción; se les daba de alta, estaban unos días en el mundo laboral, luego se iban a otra empresa falsa, y demás. Todo esto generaba beneficios y prestaciones que acababan beneficiando al cabecilla de la trama.
Por el momento se han detectado más de 500 altas laborales ficticias; el fraude a la Seguridad Social supera los 1'32 millones de euros; que, recordemos, es un dinero que se quedan los delincuentes, en vez de recaer en prestaciones y subsidios de verdad.
La Guardia Civil ha detenido por estos hechos a diez personas: seis españoles -entre ellos, el cabecilla-, tres marroquíes y un rumano, con edades entre los 31 y los 40 años. La mayoría de ellos residen en Jumilla, y otros en otros lugares que no se han indicado. Algunos de ellos poseen antecedentes por hechos similares. Se les imputan presuntos delitos de falsedad documental, defraudación a la Seguridad Social, pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las diligencias han pasado a un juzgado de Jumilla.
En esta operación, la Guardia Civil ha contado con el apoyo de personal de la Inspección de Trabajo de la S.S. y de la Oficina de Extranjería de Murcia.
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