Ya
sabéis que las compañías eléctricas son el retiro dorado para muchos ex
dirigentes, desde Felipe González hasta José María Aznar pasando por Ángel
Acebes y Elena Salgado. También sabéis que somos uno de los países europeos
donde se ponen más trabas a las iniciativas de energía solar -competencia
directa de las anteriores-, y que los que en su día apostaron por los huertos
solares están con el agua al cuello por las medidas sobre todo de Zapatero, y
luego de Rajoy.
La
Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Anpier, ha
denunciado públicamente que el Estado está incumpliendo la legalidad al no
darle la difusión adecuada a un proceso de contratación de expertos, del que
puede depender el futuro de los miles de personas afectadas por haber invertido
en fotovoltaicas.
El
Gobierno quiere amparar sus decisiones sobre las fotovoltaicas en los estudios
que llevarán a cabo tres empresas, presuntamente independientes. Esta gente
será la que le dirá al Gobierno si a los afectados el agua les llega al cuello
o solamente a la cintura. Hace poco tiempo, Anpier se negó a esta contratación,
diciendo que ya hay baremos que indican lo mal que lo están pasando los
afectados. Y ahora dicen que el proceso de contratación se está haciendo de
tapadillo, algo que es ilegal.
Y esto
no lo dicen ellos, pero lo digo yo:
Las
eléctricas contratan a ex dirigentes políticos. Yo soy un dirigente político y
no quiero cerrarme el futuro cabreando a las eléctricas, así que se lo pongo
difícil a sus competidores. Cuando éstos se mueven, les digo que voy a
contratar a unas empresas independientes para que demuestren que en realidad no
están tan afectados. Pero esta contratación la hago en secreto, para que no se
meta cualquier empresa que me vaya a llevar la contraria.
Reproduzco
la nota de prensa difundida desde Anpier, quitando algunas negritas por motivos
de legibilidad. Os recuerdo que cómo será el follón, que algunas autonomías
gobernadas por el PP -como Murcia y la Comunidad Valenciana- han tomado medidas
contra las leyes estatales, algo que les honra, pidiendo amparo al Tribunal
Constitucional.
Anpier exige al IDAE publicidad en la
licitación de
la contratación de las empresas que valorarán
las plantas fotovoltaicas
Los
fotovoltaicos sostienen que todo el proceso es una burla hacia las familias
atrapadas en la "estafa fotovoltaica"
Madrid,
23 de agosto de 2013. Anpier,
la asociación nacional de productores de energía fotovoltaica, ha remitido
al IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, un escrito
en el que advierte a esta entidad de la irregularidad en la que está
incurriendo por no realizar publicidad en la licitación de la contratación
de las tres empresas que ofrecerán asistencia técnica al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, para la valoración de las plantas fotovoltaicas
de las 55.000 familias españolas que se han visto atrapadas en la denominada
“estafa fotovoltaica”.
El
propio artículo 1 de las Instrucciones
internas para la contratación del IDAE, recoge que los contratos celebrados
por este organismo se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por
el Real Decreto Legislativo (RDLeg.) 3/2011, texto que regula los contratos del
sector público y que exige la pública licitación.
El artículo
53 del RDLeg. 3/2011 establece que, con el fin de asegurar la transparencia y
el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, los
órganos de contratación difundirán, a través de Internet, su perfil de
contratante. Condición asumida por el propio IDAE, en sus
instrucciones internas para la contratación, que establecen que: Con el fin de dar publicidad a la solicitud
de ofertas, la información relativa a la licitación se insertará en el Perfil
de Contratante que se dispondrá en la página Web oficial de IDAE, mediante
procedimiento que permita dejar constancia de la fecha en que se hace pública,
circunstancia que no se ha producido.
Esta situación es un capítulo más de la infausta reforma del sector
eléctrico, que supone uno de los mayores escándalos de la historia de la
democracia española, puesto que es el
propio Estado el que estafa a sus ciudadanos: arruinando a los
fotovoltaicos, esquilmando las economías familiares de todos los españoles y
lastrando el futuro de las generaciones venideras, sobre la base de un modelo
energético que sólo beneficia a cinco
grandes empresas.
Anpier solicita al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo que recapacite, rectifique los textos de reforma y
reponga inmediatamente la seguridad jurídica en España.
El
Gobierno debe actuar sobre las verdaderas causas del déficit de tarifa que,
según señala la Unión Europea, está motivado por las compensaciones
excesivas que durante años vienen recibiendo las empresas eléctricas de
Unesa, por la generación de energía nuclear e hidráulica.
Anpier considera, absolutamente
innecesario y una burla hacia el sector, destinar un millón de euros para la contratación de tres consultoras,
supuestamente independientes para asesorar al propio ministerio, con el
objeto de que definan los parámetros de inversión, costes e ingresos que
determinarían a partir de ahora las retribuciones a percibir por las
instalaciones fotovoltaicas españolas; puesto que existen tantas casuísticas
como plantas instaladas.
Anpier enviará al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo las facturas originales de miles de instalaciones para que la Administración pueda conocer
con absoluta fidelidad el coste real que supuso dichas inversiones en sus
diversas modalidades tecnológicas, territoriales y temporales, así como los
costes anuales de mantenimiento.
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