Ya sabemos lo que pasa en España:
numerosos ex dirigentes, tanto del PSOE como del PP -Felipe González, José
María Aznar, Ángel Acebes, Elena Salgado- ahora forman parte de la plantilla, o
son asesores muy bien pagados, de las empresas eléctricas.
Ya sabéis: primero eran públicas.
Cuando le dabas al interruptor, unos céntimos de tu factura se iban a engrosar
la hucha común, de la que luego salían escuelas, hospitales, pensiones...
El primer paso fue privatizarlas, de
manera que nuestra factura de la luz se multiplicó.
Luego las empresas correspondieron
contratando a los ex dirigentes que les habían hecho aumentar su cifra de
negocios.
Y ahora las leyes que aprueban, los
unos y los otros, siguen multiplicando esos beneficios.
Hay que ganarse un sitio al sol.
Mientras nos puteas cobras tu sueldo de ministro o presidente, y luego, cuando
te retiras, además de tu super pensión pasas a formar parte del staff de las empresas a las que has
beneficiado.
Lo estamos viendo a diario con nuestra
factura, y con los esfuerzos patéticos de los Gobiernos para que no podamos
liberarnos del apretón de las eléctricas. La última, el varapalo -iniciado por
Zapatero y seguido por Rajoy- a la energía solar, aquélla que nos venden como
limpia, ecológica y barata, pero que en la realidad la han hecho inviable.
Quizás deberíamos pedirles a las
empresas fabricantes de paneles solares que le aseguren un puesto a todos esos
sinvergüenzas... a ver si de esta manera dejan que se desarrolle la energía
solar. Es una auténtica mordida, un
soborno como en los días de El Padrino, pero con las leyes de su parte, porque
las leyes también las han hecho ellos.
En los países civilizados hay
asociaciones de productores de energía limpia; aquí tenemos una asociación de afectados; gente que quiso ganarse unas
perras produciendo energía limpia, pero que topó con el lobby de las eléctricas
con sus políticos a sueldo.
Reproduzco una información aportada por
la asociación de afectados Anpier,
que se lamenta de que el Gobierno se vaya a gastar un millón de euros de
nuestro dinero en hacer no sé qué análisis que llegarán a la conclusión de que,
en realidad, la energía solar es cosa de cuatro perroflautas.
Miles de familias españolas pueden perder
sus hogares, puesto que los pusieron como aval bancario para lograr un préstamo
y poder meterse en los huertos solares. Y no lo hicieron de manera
inconsciente, sino con las cuentas en la mano: calcularon los beneficios que el
Gobierno de Zapatero les garantizó; pero luego el Gobierno se echó atrás y les
dejó con el agua al cuello.
Hasta aquí, mi análisis; de aquí en
adelante, la NP de Anpier, una asociación que acoge a miles de ciudadanos
estafados, en el sentido estricto del término.
Anpier enviará al ministerio de
Industria facturas
originales de las instalaciones de sus
asociados
Destinar un millón de euros para estimar
el coste de las instalaciones es una burla al sector y un gasto innecesario
Madrid, 16 de agosto de 2013. Anpier, la Asociación Nacional de
Productores de Energía Fotovoltaica, enviará al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo las facturas originales de miles de instalaciones
fotovoltaicas, pertenecientes a sus asociados.
(De esta forma), la Administración podrá conocer, con
absoluta fidelidad, el coste real que supuso dichas inversiones en
sus diversas modalidades tecnológicas y temporales, así como los costes anuales
de mantenimiento. Datos que podrán ser contrastados por la propia
Comisión Nacional de la Energía, que es el ente regulador de los sistemas
energéticos y que ha demostrado tener un conocimiento exhaustivo y solvente de
todas las partes del sistema eléctrico español.
Anpier considera, por lo tanto, absolutamente
innecesario y una burla hacia el sector, destinar un millón de Euros para la
contratación de tres consultoras, supuestamente independientes, con el objeto
de que definan los parámetros de inversión, costes e ingresos que determinarían
a partir de ahora las retribuciones a percibir por las instalaciones
fotovoltaicas españolas.
El Real Decreto Ley de medidas urgentes
para la estabilidad financiera del sistema eléctrico, que entró en vigor el 14
de julio, y el Real Decreto sobre regulación de las renovables, que está en
trámite, fijan un supuesto retorno de la inversión del 7'5% teniendo en cuenta
toda la vida regulatoria: una medida
claramente retroactiva cuyo finalidad real es reducir por quinta
vez en tres años las retribuciones de las plantas fotovoltaicas, que
ya soportaban un merma de hasta el 40% de sus ingresos.
Una previsible valoración a la baja del
precio y los costes de las plantas, junto con la exclusión de los costes de
financiación, supondrá
el resultado negativo de todos los ejercicios de dichas instalaciones y la
ejecución por parte del banco de las garantías, los
hogares de las 55.000 familias inversoras en el 80% de los casos.
Este tipo de disposiciones retroactivas
generan una inseguridad jurídica alarmante para la inversión y cuestiona la
seriedad del Reino de España, que ya tiene abiertos dos arbitrajes en materia
de inversiones renovables interpuestos por 14 grandes fondos internacionales de
inversión, además de las miles de reclamaciones judiciales por parte de las
familias españolas productoras.
Un terreno, el judicial, en el que se
resolverá la legalidad o ilegalidad de estas nuevas disposiciones, puesto que,
además de que varias comunidades autónomas han anunciado ya recursos de
inconstitucionalidad -como el Gobierno de Murcia, aun siendo del propio Partido
Popular-, tanto los productores nacionales como los extranjeros acudirán a las
instancias judiciales competentes, con la intención de agotar estas vías
en todos los tribunales que corresponda.
Anpier recuerda, por otra parte, que en
enero de 2012, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria,
criticó el recorte retroactivo de las primas a los productores fotovoltaicos
impulsado vía Decretos Leyes por su predecesor socialista en el cargo, Miguel
Sebastián y, preguntado por los recortes durante el acto de traspaso de cartera
ministerial, declaro que nunca
es recomendable cambiar a mitad del partido las reglas del juego.
En este mismo sentido, el Secretario de
Estado de Energía, Alberto Nadal, el pasado mes de julio, se lamentaba de que
hasta ahora bastara un Decreto o una Orden Ministerial para regular el sector
eléctrico porque una orden ministerial o un real decreto sobre
materia energética mueve miles de millones de Euros y los mueve con un nivel de
control inferior a cualquier otra partida.
Sin embargo, tanto el Ministro como su
Secretario de Estado han
impulsado un cambio retroactivo radical del marco regulatorio del sector
renovable español a golpe de Real Decreto Ley y Orden Ministerial.
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