La Asociación Nacional
de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha difundido un comunicado
valorando de manera positiva la actuación del Gobierno de Murcia en defensa del
sector. Los productores aprecian que Ramón Luis Valcárcel y su equipo de
Gobierno se estén enfrentando judicialmente -a través del Tribunal
Constitucional- a un Gobierno central de su propio partido, en defensa de los
afectados y reclamando seguridad jurídica.
Recordad
que los gabinetes de Zapatero y Rajoy han hundido al sector de las energías
renovables; algo que además de arruinar a los trabajadores y jubilados que
apostaron por este sector, provoca falta de confianza de los empresarios. Yo no
apostaría jamás por un Estado capaz de cambiar las normas jurídicas y de
pasarse sus compromisos financieros por el forro.
Reproduzco
la NP difundida desde Anpier y, como residente en la Región de Murcia, me sumo
a la felicitación hacia el Gobierno regional. En este caso, creo que han obrado
con seriedad, poniendo los intereses de los ciudadanos por encima de las siglas
partidistas. Ojalá el TC logre reparar la injusticia.
Al fin
y al cabo, será un tribunal presidido por un magistrado del PP juzgando un recurso
de un Gobierno del PP contra otro Gobierno del PP: todo queda en casa.
La Región de Murcia recurrirá ante el Constitucional la normativa que
modifica las condiciones para los productores fotovoltaicos
Anpier considera ética, coherente y
responsable
la decisión del Gobierno de la Región de
Murcia
Ramón Luis Valcárcel ha mantenido la tesis original del Partido Popular
frente al radical cambio de postura del Gobierno central sobre la seguridad
jurídica y la retroactividad en el sector fotovoltaico
Madrid, 2 de septiembre de 2013. El Consejo de
Gobierno de Murcia ha conocido el informe de la Consejería de Industria,
Empresa e Innovación sobre el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno
murciano interpondrá contra la nueva normativa que modifica de manera
retroactiva el régimen de los productores fotovoltaicos españoles.
Anpier,
la asociación nacional de productores de energía fotovoltaica, considera ética,
coherente y responsable la decisión del Gobierno murciano, puesto que el
Presidente de esta Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ha mantenido la tesis
original del Partido Popular, frente al sorprendente y radical cambio de
postura del Gobierno Central sobre la inseguridad jurídica y la retroactividad
que padece el sector productor fotovoltaico.
El principal
argumento del recurso de inconstitucionalidad es la "vulneración del principio
de seguridad jurídica", al considerar "lo inestable de las
regulaciones sobre las primas, ajenas a la planificación existente, su carácter
imprevisible y sorpresivo, y el grave atentado a la confianza legítima que
suponen, cuantificable en un perjuicio de naturaleza económica, pues
probablemente ningún ciudadano habría invertido en estas tecnologías de
conocer los cambios normativos que le depararían".
El presidente de
Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha manifestado sentirse orgulloso del presidente
de su comunidad, Ramón Luis Valcárcel, porque “ha tenido la independencia y
el valor necesario para defender, ya no sólo a los productores fotovoltaicos,
sino también, y quizá sea lo más importante, la seguridad jurídica del Estado
de derecho español frente a intereses particulares espurios”
Anpier
considera sorprendente y sospechoso que el Partido Popular fuera, hasta
hace dos años, defensor a ultranza de los productores fotovoltaicos y paladín
de la seguridad jurídica y la irretroactividad de las normas que dañaban
gravemente a las 55.000 familias productoras y que, en la actualidad, el
Gobierno haya presentado un Real Decreto Ley que desmantela todo el tejido
fotovoltaico español y supone la ruina de todos aquellos que, de buena fe y al
amparo del Estado español, realizaron pequeñas inversiones para el desarrollo
de un nuevo modelo energético sostenible, rentable y responsable.
Anpier, que ha contribuido a la
consecución de este recurso, espera que se sumen nuevas Comunidades, con nuevos
recursos de inconstitucionalidad, como punto de
inflexión hacia un futuro próspero, justo y sostenible, que nunca será
alcanzable sin el desarrollo y la implantación definitiva de las energías
renovables. Puesto que la inversión, condición necesaria de este proceso,
buscará aquellos Estados que ofrezcan, además de las condiciones naturales
necesarias para la generación, un marco regulatorio estable.
España,
por su situación geopolítica, reúne las condiciones idóneas para convertirse en
uno de los referentes internacionales para la generación de energías y
tecnologías renovables; sin embargo, un marco regulatorio errático y
retroactivo está malogrando esta gran oportunidad en una triple vertiente:
como fuente de energía limpia y barata para el abastecimiento de nuestros
hogares, comercios y empresas; como industria en la que hemos llegado a ser un
referente a nivel internacional; y, por último, como zona propicia para la
implantación de nuevas fábricas, que podrían beneficiarse de un suministro
energético a muy bajo coste y libre de emisiones de CO2, que
incentivaría la creación de un tejido industrial generador de empleo y riqueza.
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