La
Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil, informa de la
detención de un taxista que quintuplicaba la tasa de alcoholemia, y que se
disponía a llevarse a una familia desde Murcia hasta Toledo. Nada menos.
La
intervención de los guardias se produjo durante la Operación Retorno. Una
patrulla vio en el puerto de la Cadena (autovía A-30 entre Cartagena y Murcia)
un coche parado por avería en el arcén derecho, lo que suponía un cierto
peligro para el tráfico.
La
patrulla se detuvo, y sus ocupantes -un matrimonio y sus tres tres menores- les
dijeron que estaban volviendo hacia Toledo pero que el coche se les había
estropeado, por lo que estaban esperando una grúa y también un taxi aportado
por la compañía de seguros que les llevase hasta su domicilio.
Mientras
la Guardia Civil señalizaba el vehículo averiado y ayudaba a la familia, el conductor
recibió dos llamadas del taxista. El hombre detectó numerosas incongruencias en
la conversación, por lo que le pidió a los guardias que no se marchasen
todavía; que se quedasen a esperar al taxista, porque le parecía que estaba
bebido.
Finalmente
llegó el taxista, pero de qué manera. Según la nota de la OPC, caminaba de manera vacilante, sufrió algún
traspié y desprendía un fuerte olor a alcohol en su aliento. Y quería
llevárselos a todos a Toledo, nada menos. Le hicieron las pruebas de
alcoholemia y dio un resultado de 0'78 mm de alcohol por litro de aire; el
límite para conductores profesionales es de 0'15 mm. O sea, que multiplicaba la
tasa de alcoholemia por cinco. De manera que fue detenido como presunto autor
de un delito contra la seguridad vial. Se trata de un español de 53 años,
residente en Murcia.
Una
verdadera bomba de relojería que pretendía nada menos que montar a una familia
y llevársela, borracho, hasta Toledo.
La OPC
hace las siguientes puntualizaciones:
La Guardia Civil quiere llamar la
atención a los conductores para que, sin dudarlo, avisen al teléfono 062 cuando
se encuentren en situaciones similares a
ésta, dado el considerable riesgo que supone ponerse en manos de un
conductor profesional como el del presente caso. Con su detención se ha evitado
un posible accidente de circulación y las lamentables consecuencias que hubiera
tenido para la familia afectada.
Este tipo de delitos, se encuentran recogidos en el Código Penal y
pueden ser castigados con penas que van desde la prisión de 3 a 6 meses o a la multa de 6 a 12 meses y trabajos en
beneficio de la comunidad de 31
a 90 días, y, en cualquier caso, a la de privación del
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y
hasta 4 años.
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