Desde la Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos (COAG) han acusado al Gobierno central de estar
incautando los bienes de quienes apostaron por las energías renovables.
Mi punto de vista coincide por completo
con las reclamaciones de la COAG y de otras asociaciones de afectados. Estamos
en un país soleado, quizás de los más soleados de Europa; y en vez de apoyar a
quienes apuestan por las energías limpias, renovables, no contaminantes, los
sucesivos Gobiernos socialistas y populares no hacen más que quitar derechos ya
comprometidos, desobedecer sus propias normas y ponérselo muy difícil a los
pequeños inversionistas, muchas veces jubilados o parados, que montaron una
pequeña cooperativa contando con apoyos que luego se fueron atrás.
He hablado más atrás de asociaciones de afectados; y es que en
eso se han convertido los miles de personas que quisieron instalar plantas
solares. El Gobierno de Rodríguez Zapatero se echó atrás y retiró subvenciones
que ya estaban comprometidas, estafando directamente a los contratantes; el de
Mariano Rajoy continúa quitando derechos ya existentes, y poniéndoles las cosas
más difíciles a los que apostaron por las fotovoltaicas.
Ni
apoyo a estas cooperativas, ni apoyo a la energía limpia. Sólo hundir en la
miseria a quienes comenzaron un negocio, lo vuelvo a decir, siguiendo unos requisitos
legales y con unas garantías estatales que ahora se les niegan.
Voy a reproducir en su integridad la
durísima nota de prensa que acaba de difundir la COAG de la Región de Murcia,
para que veáis de qué estamos hablando; posteriormente difundiré otra
información que se aportó en la asamblea general de COAG Lorca del viernes.
El Gobierno incauta sus bienes a los productores
de energía fotovoltaica a través de
una ficticia rentabilidad
razonable
Miles de familias murcianas invirtieron sus ahorros en
producir energías renovables animadas por el propio Estado a cambio de una
retribución establecida por el BOE, que se merma por quinta vez en tres años
COAG Murcia y FECOAM pedimos encarecidamente al
presidente Valcárcel y al delegado del gobierno, Bascuñana, que se impliquen en
la defensa de estos murcianos
Murcia, a 15 de julio de 2013.
El Gobierno aprobó el pasado vienes una
reforma traumática del sistema eléctrico español que defenestra a 55.000
familias productoras de energía solar fotovoltaica -miles de ellas murcianas-
que, atendiendo un llamamiento del Estado, invirtieron todos sus ahorros en la
producción de energía renovable fotovoltaica y ahora contemplan como las
promesa de retorno de inversión del propio Estado se han convertido en una
grave amenaza para sus economías familiares. Por esta razón las miles de
familias murcianas que invirtieron en estas energías pedimos el apoyo urgente
del presidente Valcárcel ante esta requisa efectuada por los gobernantes de
España.
Los
actuales gobernantes modifican, por quinta vez en tres años y de manera
retroactiva, el sistema de retribución, que fue diseñado y ofrecido por el
propio Estado hace tan sólo cinco años, y en base al cual se hipotecaron miles
de españoles, muchos de ellos agricultores y ganaderos, a los que ahora se les
ofrece una ficticia “rentabilidad razonable” que no es más que un artificio
inconcreto e intangible que no podrá dar respuesta a las innumerables
problemáticas existentes en el sector, donde conviven miles de modelos de
inversión y financiación que se produjeron en función del perfil y la disponibilidad
de cada ciudadano.
En la mayoría de los casos y siguiendo
el consejo del propio Ministerio de Industria, los agricultores y ganaderos, a
modo de Plan de Pensiones, decidieron financiar el 80% de los proyectos
aportando garantías personales, que en la mayor parte de los casos fueron las
propias viviendas familiares y ahora ven cómo la ruina inminente pende sobre
sus cabezas y la de sus familiares.
Por los medios de comunicación nos
enteramos que, lo que se persigue en esta auténtica requisa perpetrada, a modo
de confiscación, por el Gobierno de la nación española, es anular todas las
subvenciones hasta ahora existentes para promover la energía fotovoltaica, y
sustituirla por un nuevo “incentivo” que representaría un 7'5% de la inversión,
cuando en la realidad, los préstamos contraídos para financiar la misma oscila
entre el 5'5% y el 8'5%, lo que sumado a los gastos mensuales de gestión de los
Huertos Solares, supera con creces ese supuesto “pago de la incautación” del 7'5%
de Tasa de Requisa aprobada por el Gobierno.
Desde COAG Murcia y FECOAM no salimos
de nuestro asombro cuando es por los medios de comunicación que nos enteramos
de estos asuntos que tanto afectan a ciudadanos de nuestra Región y no, como
sería de desear, por la comparecencia de nuestros gobernantes más cercanos.
El
Gobierno no actúa sobre las verdaderas causas del déficit estructural de
tarifa, que se encuentra, tal y como manifestó la Comisión Europea el pasado
año cuando analizó nuestro sistema eléctrico, en la sobre retribución que
perciben las grandes eléctricas por los megavatios producidos por medio de
tecnología nuclear e hidroeléctrica, que suponen el 30 % del consumo.
Lo que sí es cierto es que el Estado
-sus gobernantes- ha traicionado a su propio pueblo, a sus ciudadanos y a sus
empresarios. Embarcó a miles de españoles en unas inversiones responsables y
éticas para, a los pocos años, arrebatarles sus retornos y dejar las garantías
que ofrecieron en manos de los bancos con el pretexto mentiroso de atajar el déficit
de tarifa, cuando se da la circunstancia de que el artífice de esta reforma, el
Secretario de Estado Alberto Nadal,
había realizado un diagnóstico certero de los males que padece el sistema pero,
por lo que se desprenden de la comparecencia del Ministro Soria, no parece
dispuesto a aplicar las medidas idóneas, puesto que si no se parte de una
auditoria de los costes del propio sistema nunca se podrá actuar sobre cada una
de sus deficiencias en la justa medida.
FECOAM y COAG Murcia exigen de manera
inmediata que el presidente, Ramón Luis Valcárcel, y el delegado del gobierno, Joaquín Bascuñana, tomen con energía las
riendas de este grave asunto y se pongan a la cabeza de los agricultores y
ganaderos murcianos y del resto de inversores en la defensa de sus interesen,
en contra de los abusos que pretende el ministro Soria y, no sabemos aún a
ciencia cierta, si el propio Gobierno de España.
De no ser así, en defensa de los
intereses de agricultores y ganaderos y de su propia DIGNIDAD no descartamos las acciones contundentes que creamos
oportunas y que se conocerán muy pronto.
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