La democracia española no nació desde abajo, sino desde
arriba. Salvo excepciones muy honrosas, la inmensa mayoría de los españoles
estaban bien a gusto sin votar, asumiendo que "si no te metías en líos no
te pasaba nada".
Hizo falta que los dirigentes del Franquismo optaran por
cambiar el chip y democratizar el país, dentro de unos límites. Juan Carlos I,
Torcuato Fernández-Miranda y Adolfo Suárez, principalmente, cogieron las
riendas del país y nos llevaron a la democracia. Y los españoles les seguimos mansamente.
Jamás hemos sido un pueblo combativo. Nos movemos un pelín
ahora, que el hambre está llamando de verdad a nuestras puertas. Yo,
personalmente, le agradezco a ciertos jerifaltes franquistas, como Juan Carlos
o el mismo Suárez, que vieran que la democracia iba a ser mejor negocio que la
dictadura.
Si no, en España seguiríamos con unas Cortes fantasmales,
estamentales. Y todos contentos. Y algunos de nosotros habríamos pasado la
infancia viendo a papá en la cárcel o bajo tierra por ser del PCE, o independentista,
o anarquista.
Y ya, sin más preámbulos, os dejo con una breve reseña, de la que soy autor, sobre la trayectoria política del ex presidente Suárez, que acaba de fallecer. DEP. Ahora le aplaudirán los mismos que le atacaron, desde dentro y fuera de su partido.
SUÁREZ
GONZÁLEZ, Adolfo
Cebreros, Ávila, 1932 - Madrid, 2014.
Jefe de Gobierno de Juan Carlos I.
Político fundamental en la
Transición. Entró en política de la mano de Fernando Herrero Tejedor, un
dirigente político conservador, de tendencia reformista. Suárez estaba recién
licenciado en Derecho cuando aquél, que acababa de ser nombrado gobernador
civil de Ávila, le hizo su ayudante. Desde entonces se fue formando dentro de
la Administración franquista, aunque no destacó políticamente. Fue consejero
nacional del Movimiento, gobernador civil de Segovia (1968), director general
de Radiodifusión y Televisión (1969)... En esta última época, como responsable
de la televisión, entabló una relación bastante estrecha con Juan Carlos de
Borbón, entonces Príncipe de España. En 1975, Herrero Tejedor fue nombrado
ministro secretario general del Movimiento, e hizo vicesecretario general a
Suárez. Sin embargo, el ministro falleció a los pocos meses; su sucesor, José
Solís, le confirmó en el cargo, pero él prefirió renunciar y pasó a ser
delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica.
Fue, asimismo, procurador en
Cortes (1967-77) por diversos motivos: elegido por el tercio familiar (por la
provincia de Ávila), como miembro del Gobierno y como consejero nacional.
El 22 de noviembre de 1975,
Juan Carlos I se convirtió en Jefe del Estado. El Rey tuvo claro desde el
primer momento la necesidad de democratizar España, pero asumió que este
proceso -que luego se conoció como la Transición- debía hacerse con suma
cautela, para no provocar movimientos revolucionarios ni soliviantar a los
franquistas. Tuvo a su lado desde el primer momento a Torcuato
Fernández-Miranda, al que hizo presidente de las Cortes y del Consejo del
Reino, pero el Jefe del Gobierno, Carlos Arias Navarro, el otro pilar del
edificio político, era un franquista acérrimo. El 12 de diciembre, en
aplicación de sus competencias como Jefe del Estado, Juan Carlos I renovó el
Consejo de Ministros. Se vio obligado a dejar a Arias en su lugar, para no
inquietar a los inmovilistas, pero le rodeó de ministros comprometidos en mayor
o menor grado con la reforma democrática: Leopoldo Calvo-Sotelo, Manuel Fraga,
José María de Areilza, Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa... Suárez fue
nombrado ministro secretario general del Movimiento.
Este Gobierno comenzó a
desmantelar las leyes franquistas, basándose siempre en la aplicación estricta
de la normativa vigente, para acallar las críticas del búnker ultraderechista. Finalmente, el 1 de julio de 1976, el Rey
consiguió que Arias le presentara su dimisión, quitándose de enmedio un escollo
para la democratización de España y un verdadero enemigo personal. Entonces,
Juan Carlos I y Fernández-Miranda debatieron sobre la persona que debería
encabezar el Gobierno y llegaron a la conclusión de que Suárez era el político
mejor preparado para convertir la dictadura en una monarquía constitucional.
En aquellos años, Suárez
presidía una asociación de derechas llamada Unión del Pueblo Español (UDPE),
que actuaba como una facción política, en un momento en que los partidos eran
ilegales. El grupo reunía a un conjunto de personalidades provenientes del
Movimiento Nacional, que estaban a favor de una cierta reforma política, sin
excesos, y aceptaban como Rey a Juan Carlos I. Además de Suárez, la asociación
estaba dirigida por Cruz Martínez Esteruelas y Fernando Abril Martorell.
Para el historiador Paul Preston, al final del franquismo Suárez era
"un burócrata arquetípico del Movimiento. Impulsado por una potente
ambición (...) era un buen ejemplo del político profesional que se había hecho
dentro del régimen, pero percibía instintivamente que éste era una camisa de
fuerza para una sociedad que había superado sus constricciones (...). Poseía
energía e inteligencia, y una gran capacidad de diálogo. Era lo bastante joven
y desconocido para no provocar la inmediata hostilidad de la izquierda, pero lo
suficientemente identificado con el régimen para no despertar recelos en la
derecha (...). Los franquistas confiaban en él y conocía el sistema al
dedillo".[1]
Para poder nombrarle Jefe del
Gobierno, el Rey tuvo que superar un escollo importante: las normas franquistas
establecían que el Jefe del Estado tenía que elegir a la persona que deseara,
dentro de una lista de tres personas -una terna- previamente votada por el
Consejo del Reino. Franco siempre había conseguido que este órgano incluyera a
su candidato, pues dominaba completamente a los consejeros, pero éste no era el
caso de Juan Carlos I. Sin embargo, Fernández-Miranda, que era el presidente
del Consejo del Reino, logró dirigir las votaciones hasta que obtuvo una terna
formada por "lo que el Rey me ha pedido", según una respuesta suya
que hizo fortuna. Los políticos que integraron la lista fueron Federico Silva,
Gregorio López-Bravo y Adolfo Suárez.
De esta forma, el 3 de julio
de 1976, Suárez se convirtió en el segundo Jefe del Gobierno de la monarquía
juancarlista. Entre sus ministros destacaron Alfonso Osorio -su mano derecha en
aquellos años-, Leopoldo Calvo-Sotelo, Fernando Abril Martorell, Marcelino
Oreja, Rodolfo Martín Villa, Landelino Lavilla, el general Fernando de
Santiago, el almirante Gabriel Pita da Veiga...
La opinión pública acogió muy
mal este primer Gobierno. El historiador Ricardo de la Cierva publicó en El país un artículo que se hizo famoso,
el titulado "Qué error, qué inmenso error". En palabras del
periodista Juan Cruz, que vivió estos días desde la redacción del mismo diario,
De la Cierva "resumió lo que el periódico y muchos de los españoles de ese
momento creían que significaba el nombramiento (...). El periódico, además,
hizo una ronda de corresponsales; en todo el mundo se acogía con indiferencia
al sucesor de Arias, y la misma indiferencia la sentían los medios
informativos, los partidos políticos y los gobiernos extranjeros. Era una
decepción".[2]
Dos de los políticos más
carismáticos del momento, Fraga y Areilza, se negaron a formar parte de aquel
gabinete, despechados por que el Rey hubiera elegido a alguien más inexperto y
desconocido. Desde la izquierda, incluso desde la derecha moderada, se dijo que
aquel Gobierno no era más que una continuación del franquismo, que evidenciaba
que Juan Carlos I no pretendía democratizar el país. Por la juventud y la
inexperiencia de la mayoría de los ministros, a este gabinete se le conoció como
"Gobierno de penenes": las siglas de los Profesores No Numerarios
(P.N.N.), un colectivo que en aquellos años se había hecho bastante popular por
sus reivindicaciones laborales. Los penenes eran profesores que no habían
aprobado la oposición, por regla general jóvenes sin demasiada experiencia
docente, que trabajaban sin la firmeza y seguridad que da la plaza de
funcionario. Llamar penenes a estos ministros era como decir que eran unos
recién llegados, cuyo cargo pendía de un hilo, que tenían muy poca experiencia
e incluso falta de formación .
El propio Suárez le dijo a la
periodista Victoria Prego: "Uno de los
periodistas me preguntó si me consideraba un presidente legítimo. Yo le
respondí que yo era un presidente legal, porque la legitimidad sólo pueden
darla las urnas. Así comenzó mi andadura como presidente del Gobierno español:
ante la sorpresa y la oposición de la inmensa mayoría de los españoles, y,
clarísimamente, con la decepción de los que más habían luchado por la
democracia. Y yo fui plenamente consciente de ello".[3] Como
anécdota, hay que indicar que fue el primer Presidente en ocupar el palacio de
La Moncloa, que hasta entonces había sido el lugar en que se hospedaban los
mandatarios extranjeros que estaban de visita oficial en España.
El
nuevo Jefe de Gobierno comenzó su andadura con el mayor entusiasmo, acorde con
su concepción de sí mismo como "un chusquero de la política". Una de
sus primeras medidas fue decretar una amnistía que benefició a decenas de
luchadores antifranquistas: comunistas, socialistas, nacionalistas... salieron
a la calle, cumpliendo con uno de los requisitos básicos para la
democratización del país.
Descontento con tantas reformas, y en especial
por la legalización de los sindicatos, el general De Santiago, que era el vicepresidente
1º, presentó su dimisión el 21 de septiembre de 1976, y fue reemplazado por un
general comprometido con la democracia, uno de los apoyos más fuertes con los
que contó Suárez: Manuel Gutiérrez Mellado.
El
18 de noviembre de 1976, poco antes del primer aniversario de la muerte de
Franco, las Cortes que había nombrado el dictador aprobaron la Ley para la
Reforma Política, una norma con el rango de ley fundamental, que derogaba todo
el entramado jurídico y político anterior. Esta ley fue el logro supremo de
Fernández-Miranda. Los procuradores más abiertos vieron que la norma iba a
consolidar los avances conseguidos por el franquismo, cerrando el paso a la
república y el marxismo; también se convencieron de que la democratización del
país no iba a perjudicar sus intereses económicos ni sus prebendas. La ley fue
defendida en las Cortes por Miguel Primo de Rivera y Urquijo, sobrino del líder
falangista, lo que le dio un extraordinario valor a su alegato. Fue aprobada por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Dado que la
norma preveía la liquidación de esta Cámara y la implantación de un auténtico
Parlamento bicameral, esta sesión ha pasado a la Historia como la del
"harakiri de las Cortes".
Para cumplir con la legalidad, el 15 de diciembre se celebró un referéndum:
la Ley para la Reforma Política fue aprobada con el 95 % de los votos emitidos,
mientras que el 2,6 % fueron negativos, y hubo casi un 3 % de abstenciones. En
cuanto a la participación, fue del 78% del electorado. El cumplimiento de las
formas legales acalló a los franquistas, que deploraron el contenido del texto
pero no pudieron oponerse a él, y sobre todo no pudieron soliviantar a miles de
españoles neutrales, que se habrían rebelado si les hubieran demostrado que el
Rey y Suárez se estaban saltando la legalidad vigente.
Tras el referéndum, el siguiente paso eran las
elecciones generales a Cortes Constituyentes, que se anunciaron para el 15 de
junio de 1977.
A finales de diciembre de
1976 se produjo la primera entrevista formal entre Suárez y la oposición
política. Las principales formaciones antifranquistas se habían reunido entre
ellas en varias ocasiones para fijar las reivindicaciones que iban a hacer, entre
las que tenía una importancia destacada la legalización de todos los partidos
políticos y organizaciones sindicales; el reconocimiento de los derechos y
libertades fundamentales, incluyendo los de huelga y manifestación; la amnistía
política; la aceptación de la realidad plurinacional de España; la disolución
de los organismos propios del Movimiento Nacional, y la garantía de la
neutralidad política de la Administración y los medios de comunicación.
Los líderes de la oposición nombraron una delegación negociadora: la
Comisión de los Nueve, que estuvo formada por las siguientes fuerzas: por el
Partido Comunista de España, Simón Sánchez Montero (los comunistas habían
elegido a Carrillo, pero se decidió que fuera sustituido, por todo lo que éste
representaba a los ojos de los franquistas); por el Partido Socialista Obrero
Español, Felipe González; por el Partido Socialista Popular, Enrique Tierno
Galván; por los socialdemócratas, Francisco Fernández Ordóñez; por los
democristianos, Antón Cañellas (líder de Unió);
por los liberales, Joaquín Satrústegui; por los nacionalistas catalanes, Jordi
Pujol (líder de Convergència Democràtica
de Catalunya); por los gallegos, Valentín Paz Andrade; y por los
nacionalistas vascos, Julio Jáuregui. La comisión expuso sus reivindicaciones
ante Suárez, y debatió largamente sobre la forma de democratizar España sin
caer en extremismos ni provocar el ruido de sables.
Durante esta etapa, las diferentes
sensibilidades de centro y de derechas se fueron aglutinando, formando partidos
políticos. A la izquierda del arco político, las formaciones más fuertes eran,
por este orden, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, dirigido por Felipe
González) y el Partido Comunista de España (el PCE de Santiago Carrillo, aún
ilegalizado). En algunas partes de España había formaciones nacionalistas de
centro y de derechas (Partido Nacionalista Vasco de Juan Ajuriaguerra y Xabier
Arzalluz; Convergència Democràtica de
Catalunya, de Jordi Pujol). La derecha española estaba representada
claramente por Alianza Popular (AP, una coalición fundada por Fraga) y las
formaciones residuales de la ultraderecha. Sin embargo, entre el PSOE y AP
había un espacio inmenso ocupado por millones de personas de centro y de
derechas, disgregadas en numerosas corrientes que se fueron fusionando de
manera progresiva.
Así,
en otoño de 1976, varios grupos democristianos (Unión Democrática Española,
Izquierda Demócrata-Cristiana) formaron el Partido Popular Demócrata-Cristiano,
que estuvo dirigido por Alfonso Osorio y Fernando Álvarez de Miranda. A
principios de 1977, éstos se unieron con el Partido Popular (liderado por Pío
Cabanillas y José María de Areilza) y dieron lugar al Centro Democrático, en el
que destacaron, además, Miguel Herrero de Miñón, Óscar Alzaga y Agustín
Rodríguez Sahagún.
Posteriormente
se agregaron el Partido Social Demócrata (Fernando Fernández Ordóñez, Gabriel
Cisneros, Rafael Arias-Salgado), el Partido Demócrata Popular (de tendencia
liberal, dirigido por Joaquín Garrigues Walker), y otros grupos regionalistas.
Finalmente se unió la UDPE liderada por Suárez y Rodolfo Martín Villa. Antes de
adherirse a aquel conglomerado, el Jefe de Gobierno puso una condición: la
partida de Areilza, a quien no quería tener cerca para que no le hiciera
sombra. Sus compañeros transigieron con esta exigencia, y el 3 de mayo de 1977
surgió una gran coalición, Unión de Centro Democrático (UCD). El grupo estuvo
dirigido por Suárez, pero dentro de él se mantuvieron las diferencias políticas
y las rencillas entre sus dirigentes, los barones,
cada uno de los cuales defendía sus propios intereses.
Leopoldo
Calvo-Sotelo, el segundo Jefe de Gobierno que dio la UCD, definió así a la
coalición: "Un espacio político de centro con unos rasgos tan imprecisos
como atrayentes: la moderación, la tolerancia, la reforma, el arranque sin
ruptura desde las instituciones anteriores; y también la libertad, la
modernidad, el cambio social hacia el progreso"; el dirigente ucedista
anotó además una de las claves del éxito inicial de la formación: "muchas
gentes se apuntaron en toda España a aquel líder nuevo, joven, sonriente, que
prometía un tránsito suave, pero resuelto, a la democracia". Y es que, en
palabras de Paul Preston, "juntos, el Rey y su presidente proyectaban una
suerte de dinamismo, juventud y sinceridad que contribuyó a consolidar el favor
político de la mayoría silenciosa".[4]
La
Transición siguió adelante, con mayores o menores dificultades. En enero se
legalizó la ikurriña, convertida en
bandera nacional vasca; en febrero se neutralizó políticamente al Ejército,
decretando que los miembros en activo de las Fuerzas Armadas no podrían ocupar
cargos de representación... el principal obstáculo para la democratización de
España iba a ser la legalización del PCE, que llevaba cuarenta años combatiendo
a la dictadura, y que estaba dirigido por Carrillo y Pasionaria, los españoles vivos más odiados por el entramado
franquista. Para forzar la situación, viendo la resistencia del Gobierno y la
oposición de Felipe González, que sabía que el PCE le iba a quitar muchos miles
de votos, Carrillo decidió forzar la situación: a finales de diciembre de 1976 fue
detenido por la policía, lo que obligó a Suárez a definirse, tratándole como un
delincuente o como un dirigente político.
Un mes después de la
detención de su líder -que fue puesto en libertad provisional-, el PCE tuvo una
triste ocasión para mostrar su poder y al mismo tiempo su compromiso con la
paz: el 24 de enero de 1977, un grupo de pistoleros de Fuerza Nueva, grupo
ultraderechista dirigido por Blas Piñar, asesinó a los abogados laboralistas de
un bufete de la calle Atocha, en Madrid, por su vinculación con el Partido y su
sindicato, Comisiones Obreras. Los asesinos entraron en el despacho, agruparon
a las personas que estaban allí dentro y les ametrallaron, matando a cinco
personas e hiriendo a algunas más. En el cortejo fúnebre participaron más de
150.000 personas, que saludaron puño en alto el paso de los féretros en un absoluto
silencio, sin provocar el menor escándalo. Lo único que lograron los
ultraderechistas fue que la opinión pública viera la fuerza de las formaciones
de izquierdas, su disciplina y su voluntad de seguir adelante con un proceso
democratizador, sin responder a las provocaciones ni enzarzarse en luchas
callejeras como en los años previos a la Guerra Civil. Los comunistas, que
habían apostado por la vía jurídica, decidieron solicitar su inscripción en el
Registro de Asociaciones Políticas; sin embargo, la Administración envió su
expediente al Tribunal Supremo, para que éste decidiera sobre si era legal o
no. En el mes de abril, el Supremo declaró su inhibición, y le devolvió la
responsabilidad al Gobierno. Así que Suárez decidió legalizarlo sin ningún tipo
de escudo legal. Después de cuarenta años, el PCE fue legalizado el 9 de abril
de 1977 (Sábado Santo), aprovechando que el país entero estaba paralizado por
las vacaciones de Semana Santa. Éste fue, sin duda, uno de los hitos de la
Transición.
La primera reacción política
fue la dimisión del ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga. Suárez y
Gutiérrez Mellado buscaron con rapidez a alguien que se quisiera hacer cargo
del ministerio, pero ninguno de los almirantes en activo quiso reemplazar al
dimisionario. Finalmente, encontraron a un mando de la Armada comprometido con
la democracia: el almirante Pascual Pery Junquera, que había pasado a la
reserva a petición propia, y que en alguna ocasión había afirmado que la
legalización de los comunistas era algo inevitable que tenía que llegar.
Unos días después de la
salida de Pita da Veiga, presentó su dimisión el titular de Obras Públicas,
Calvo-Sotelo, pero por una razón diferente: quería presentarse a las
elecciones, cosa que estaba vetada a los miembros del Gobierno por decisión de
Suárez, para que los españoles distinguieran entre el Poder Legislativo y el
Ejecutivo.
Otro de los problemas con los que se encontró Suárez fueron las exigencias
nacionalistas: en el País Vasco, la ETA se había encenagado en una serie de
atentados que iban a continuar durante varias décadas, a despecho del nivel de
reforma conseguido. También había fortísimas exigencias nacionalistas en
Cataluña, aunque en este territorio el terrorismo fue una opción residual. Para
normalizar la situación existente en estas zonas, el 18 de febrero de 1977
Suárez aprobó la creación del Consell General de Catalunya, un organismo
preautonómico que fue presidido (a partir del mes de septiembre) por la persona
que llevaba veinte años ostentando la legitimidad de la Generalitat de
Catalunya: Josep Tarradellas.
El
30 de mayo, dos semanas antes de las elecciones a Cortes Constituyentes,
Fernández-Miranda dimitió como presidente de las Cortes y del Consejo del
Reino, alegando que ya había cumplido con su misión. La razón fundamental de su
abandono de la política fue su distanciamiento con Suárez, sobre todo a causa
de la entrevista secreta que tuvo éste con Carrillo. Fernández-Miranda se opuso
con rotundidad a aquella reunión, pues de haber trascendido habría acabado con
la carrera de Suárez y habría comprometido a la Corona, por haber pactado con
los enemigos ancestrales del franquismo. Sin embargo, permaneció en el cargo de
forma interina hasta que se celebraron las elecciones. En la Legislatura Constituyente
fue nombrado senador por designación real, pero Suárez y los dirigentes de UCD
le hicieron el vacío y le excluyeron del proceso de confección de la
Constitución.
Las
elecciones a Cortes Constituyentes se celebraron el 15 de junio de 1977. Los
españoles le dieron la mayoría a UCD, y consagraron al PSOE como el principal
partido de la oposición. Entre las principales formaciones con representación
parlamentaria estuvieron los comunistas (el PCE y su homólogo catalán, PSUC),
los socialistas catalanes y los de Enrique Tierno Galván, el PNV y varios
grupos catalanistas, además de AP. Los resultados electorales en los dos
comicios que dieron el triunfo a Suárez (éstos y los de 1979) pueden verse en
la tabla S7.
En
esta legislatura, el Rey tuvo la prerrogativa de nombrar directamente a un
número de senadores: personalidades del mundo de la cultura (Camilo José Cela,
Julián Marías, Martí de Riquer, José Ortega Spottorno) y políticos de
tendencias diferentes, entre ellos muchos ministros que no pudieron concurrir a
las elecciones: Fernández-Miranda, Abril Martorell, Martín
Villa, Landelino Lavilla, Marcelino Oreja, Alfonso Osorio, Belén Landáburu,
Justino de Azcárate, Enrique Fuentes Quintana... Los diputados eligieron
presidente del Congreso a Fernando Álvarez de Miranda, mientras que como
presidente del Senado se escogió a Antonio Fontán. Durante esta legislatura existió además la figura del presidente de las
Cortes Constituyentes, que reacayó en el jurista Antonio Hernández Gil.
Después
del triunfo electoral, el 3 de julio formó su segundo Gobierno, legitimado esta
vez por las urnas. Contó con tres vicepresidentes: Gutiérrez Mellado (para
Defensa), Fuentes Quintana (para Asuntos Económicos) y Abril Martorell (para
Asuntos Políticos). Entre sus ministros más destacados estuvieron además Oreja,
Martín Villa, Lavilla, Fernández Ordóñez, Garrigues Walker, Cabanillas, Alberto
Oliart, Íñigo Cavero, Manuel Clavero Arévalo, Ignacio Camuñas... Posteriormente
entraron otros ministros como Rafael Calvo Ortega, Jaime Lamo de Espinosa,
Calvo-Sotelo y Rodríguez Sahagún.
El 28 de
julio solicitó de forma oficial la adhesión de España a la Comunidad Económica
Europea (CEE). En el mes de octubre, el Gobierno firmó uno de los acuerdos
clave para la consolidación de la democracia: los Pactos de La Moncloa. Fueron unos convenios económicos y políticos firmados con las principales
fuerzas democráticas, rechazando medidas radicales o inaceptables para los
grupos más poderosos. Su artífice fue Fuertes Quintana, que le presentó a Suárez
un documento base fruto de reuniones con los sectores financieros y laborales
(empresarios, sindicatos, técnicos, banqueros, etc).
Los firmantes se reunieron en
el Palacio de La Moncloa en diversas sesiones entre el 8 y el 21 de octubre de
1977, estudiaron con detalle la situación económica española e internacional y
llegaron a un consenso sobre temas económicos, jurídicos, sociales y políticos
en general. En la confección de los acuerdos participaron economistas
destacados de diversas tendencias políticas, como Laureano López Rodó, Fernando
Abril Martorell, Ramón Tamames, Joaquín Leguina o José Luis Leal, además del
propio Fuentes Quintana.
El
objetivo de estos pactos era que la izquierda aceptase una política económica
que iba a contener los aumentos salariales; a cambio, el Gobierno se
comprometía a invertir en avances sociales y redistribuir la riqueza. Todo
ello, porque se asumía que sin estabilidad económica iba a ser imposible
instaurar la democracia. Socialistas y comunistas acabaron por aceptar este
acuerdo-marco, que suponía de hecho la aceptación de la economía capitalista de
libre mercado. Había además una parte política que reconocía los derechos de
los ciudadanos, queriendo cubrir el vacío de la época preconstitucional, pero
ésta no fue firmada por AP.
A
finales de 1977 se dieron los primeros pasos en la configuración del mapa
autonómico, aunque en esa fecha aún no se planteaba la existencia del Estado de
las Autonomías. Después de Cataluña, la siguiente entidad en ver reconocidas
sus aspiraciones soberanistas fue el País Vasco. En enero de 1978 se creó el
Consejo General Vasco, un organismo preautonómico cuya presidencia recayó en el
socialista Ramón Rubial. Otras partes de España fueron formando organismos
semejantes. En la tabla S8 puede consultarse los presidentes preautonómicos y
autonómicos que desempeñaron sus funciones durante los mandatos de Suárez.
La
profundidad de las reformas democráticas, junto con la virulencia de los
atentados terroristas, y los pasos hacia la descentralización de España,
multiplicaron la actividad de la ultraderecha; el 16 de noviembre, los
servicios de espionaje desmontaron un intento de golpe de Estado dirigido por
el teniente coronel Antonio Tejero, de la Guardia Civil, y el capitán Ricardo
Sáenz de Ynestrillas, de la Policía Armada. La intentona se conoció como
Operación Galaxia, porque los conspiradores se reunían en la cafetería Galaxia de Madrid.
Basándose
en la Ley para la Reforma Política, en julio de 1977 el Congreso formó una
comisión parlamentaria, presidida por el ucedista Emilio Attard, que debería
redactar un proyecto de Constitución. Dentro de la comisión se designó una
ponencia, encargada de las negociaciones directas. Los ponentes -padres de la Constitución-, fueron
elegidos de forma proporcional por las formaciones políticas. UCD escogió a
Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca. Los
restantes fueron Gregorio Peces-Barba (PSOE-PSC), Manuel Fraga (AP), Miquel
Roca (Minoría Catalana) y Jordi Solé Tura (PCE-PSUC). También hay que destacar
la labor paralela de dos dirigentes que consensuaron buena parte del texto:
Rodolfo Martín Villa y el dirigente socialista Alfonso Guerra.
Calvo-Sotelo
recuerda, a este respecto, un episodio que revela la división que había en UCD
ya en aquellos tiempos: en principio se pensó para la ponencia en Cisneros,
Herrero de Miñón y un tercer político cuyo nombre no revela; sin embargo, él
quiso quitar a alguno de ellos para poner en su lugar a Pérez-Llorca, a quien
consideraba muy eficaz. La respuesta de Suárez fue la siguiente: "haz lo
que quieras, pero no se puede tocar a Miguel Herrero, que es de Landelino
(Lavilla), ni a Gabriel Cisneros, que es de Rodolfo (Martín Villa)".[5]
Después
de superar todo el proceso legal, el 31 de octubre de 1978 las Cámaras
aprobaron -cada una por su lado- el proyecto de Constitución. Enseguida fue
presentado al pueblo español, para que se pronunciara a favor o en contra
mediante un referéndum: éste se celebró el día 6 de diciembre, que desde
entonces es el Día de la Constitución. En total votó el 67'11 % de los
españoles que tenían derecho a ello; los votos favorables supusieron el 88'54
%, los contrarios el 7'89 %, y hubo un 3'57 % de abstenciones.[6]
Poco después se convocaron
nuevamente elecciones generales, que abrieron la I Legislatura ordinaria. Los
comicios se celebraron el 3 de abril de 1979, y volvieron a darle la victoria a
Suárez, que supo meter el miedo en el cuerpo de muchos españoles al recordarles
que el PSOE era un partido que se definía como marxista. Ese mismo día se celebraron las primeras elecciones
autonómicas navarras, que fueron fruto de un pacto entre el Gobierno y la
Diputación Foral. De esta forma se reconoció que los derechos forales navarros
habían seguido perdurando históricamente, y que la autonomía que estaba a punto
de constituirse tenía un origen anterior al pacto constitucional.
Después
de las elecciones generales, Suárez volvió a ser el Jefe de Gobierno, y de
inmediato renovó su gabinete. Gutiérrez Mellado y Abril Martorell siguieron
siendo los vicepresidentes. En cuanto a sus ministros, estuvieron, entre otros,
Calvo-Sotelo, Oreja, Rodríguez Sahagún, Pérez-Llorca, Cavero, Garrigues Walker,
Lamo de Espinosa, Clavero Arévalo, Calvo Ortega, Rafael Arias-Salgado, Jaime
García Añoveros, Jesús Sancho Rof... en definitiva, la mayoría de los barones de UCD, fueran liberales,
democristianos o socialdemócratas.
El 25 de
octubre de 1979, los catalanes y los
vascos celebraron sendos referéndums, para aprobar sus estatutos de autonomía
(conocidos como el de Sau y el de Guernica, respectivamente). Tras los
resultados positivos en ambas convocatorias, fueron aprobados por las Cortes el
18 de diciembre de ese mismo año.
El avance hacia el Estado de Derecho prosiguió en
medio de fortísimas tensiones entre demócratas y franquistas. El 1 de febrero
de 1980 fue asesinada en Madrid Yolanda González, una joven dirigente
estudiantil, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST, de
inspiración trotskista), que había sido secuestrada el día anterior por los
ultraderechistas Emilio Hellín e Ignacio Abad, miembros de Fuerza Nueva.
Aunque
los dos focos más conflictivos en la cuestión autonómica, Euskadi y Cataluña,
parecían estar encarrilados de manera adecuada, en febrero de 1980 surgió un
nuevo polo de tensión: Andalucía. En diciembre de 1978, los principales
partidos andaluces habían firmado el Pacto de Antequera, en el que se
comprometían a aunar esfuerzos para conseguir la autonomía en el plazo más
breve posible (la vía rápida), con el mayor contenido competencial que
permitiera la Constitución. Para conseguir ese objetivo, hacía falta un
procedimiento especial, que incluía dos referéndums: si en el primero se
obtenía una mayoría suficiente, los andaluces podrían acogerse a la vía rápida;
por su parte, en el segundo se aprobaría o no el texto del estatuto.
La
primera consulta a los andaluces se celebró el
28 de febrero de 1980, y dio una amplia mayoría, pero no la suficiente
para acogerse a la vía rápida. Suárez había exigido a los votantes de UCD que
se abstuvieran, lo que provocó la dimisión de su ministro de Cultura, Clavero
Arévalo, líder de los ucedistas andaluces, que fue sustituido por el
historiador Ricardo de la Cierva. Los enfrentamientos entre Madrid y Andalucía
continuaron durante bastante tiempo; en esta región, todos los grupos políticos
hicieron causa común por poder acogerse a la vía rápida: Clavero Arévalo,
Rafael Escuredo (PSOE), Alejandro Rojas-Marcos (Partido Socialista de
Andalucía)... fueron un factor más que debilitó a Suárez.
El
2 de mayo de 1980 remodeló su gabinete. En el nuevo Consejo de Ministros, los
nombres más destacados fueron Gutiérrez Mellado, Abril Martorell, Calvo-Sotelo,
Oreja, Rodríguez Sahagún, Arias-Salgado, Cavero, García Añoveros, Sancho Rof,
Lamo de Espinosa, Pérez-Llorca, De la Cierva, Juan José Rosón, José Luis
Álvarez, Luis Gámir...
Además
de la presión de la ultraderecha (civil como militar), a los nacionalistas y a
los terroristas, Suárez tuvo que enfrentarse a la maniobra de acoso y derribo
provocada fundamentalmente por Felipe González, que le echaba en cara que la
coalición estaba dividida, que no tenían programa de Gobierno, y que las
reformas eran pocas e insuficientes. El 28 de mayo, González,
planteó una moción de censura. Los socialistas sabían que no la podían ganar,
porque les faltaban votos, pero quisieron desgastar al Jefe del Gobierno, para
dejar en evidencia su falta de control sobre una coalición cuyas
contradicciones ideológicas estaban surgiendo cada vez con mayor energía. Esta
situación la puso de manifiesto de forma descarnada Alfonso Guerra, cuando le
espetó a Suárez: "La mitad de los
diputados de UCD se entusiasman cuando oyen en esta tribuna al señor Fraga. La
otra mitad lo hace cuando quien habla es Felipe González".[7]
La moción fracasó, en
términos estrictamente parlamentarios: según los datos de Ricardo de la Cierva,
Suárez tuvo 180 votos a favor (UCD, más los nacionalistas de Pujol y
Rojas-Marcos) y 164 en contra (socialistas, comunistas, AP, PNV y grupo mixto).[8] Sin
embargo, fue un factor que desanimó gravemente a Suárez y ayudó a descomponer
la UCD, al tiempo que se presentaba al PSOE como la única opción de Gobierno.
Como consecuencia de esa pérdida de autoridad y de prestigio, el día 7 de julio
los miembros de la Comisión Permanente de la coalición se reunieron con él en
una dependencia del Estado ubicada en Manzanares del Real, en la sierra
madrileña y le exigieron que en lo sucesivo les sometiera a ellos sus
decisiones de Gobierno.
Esta reunión se conoce con el nombre de "la Casa de la Oradera",
por una serie de televisión que entonces tenía tantísimo éxito. Los asistentes,
además de Suárez, fueron Abril Martorell,
Arias-Salgado, Calvo Ortega, Fernández Ordóñez, Garrigues Walker, Lavilla,
Martín Villa, Pérez-Llorca, Pío Cabanillas y Alfonso Álvarez de Miranda.
Los que se pronunciaron con mayor dureza fueron Garrigues y Martín Villa,
mientras que Calvo Ortega y Abril Martorell mostraron su confianza en el Jefe
de Gobierno. Aquella reunión reflejó que UCD no era más que un grupo de
dirigentes políticos heterogéneos, cada uno de los cuales defendía sus propios
intereses, que ya no confiaban en Suárez ni se sentían representados por él.[9]
El 8 de septiembre de 1980,
Suárez reformó el Gobierno por última vez, formando un gabinete de composición
semejante al anterior, cuyo rasgo más destacado fue la salida de una de las
personas más leales, Abril Martorell, que fue sustituido en su vicepresidencia
por Calvo-Sotelo.
Finalmente, Suárez presentó
su dimisión el 29 de enero de 1981. Ésta es una de las medidas que ha generado
mayores discusiones en la Historia reciente, para dilucidar las causas reales
de la marcha del Jefe del Gobierno. Entre otros factores, se pueden apuntar los
siguientes: los ataques de la derecha
inmovilista y de la izquierda; el terrorismo; la intervención de los poderes
fácticos (Ejército, Iglesia, banca); las tensiones nacionalistas; la
disgregación de su coalición; la pérdida de confianza del Rey; incluso se apela
a un severo problema dental (sic) que
pudo mermar sus facultades.[10]
Calvo-Sotelo ha escrito en profundidad
acerca de esta dimisión: "No hay, a mi juicio, razones ocultas en la
dimisión (...). El hombre que ha hecho la transición política no dimite por una sola razón: dimite desde un estado de ánimo (...). Había
cansancio, porque su tarea fue abrumadora durante cuatro años y medio, y porque
la soledad propia del que manda tuvo en él más acendrada angustia, al faltarle
instituciones y hábitos democráticos de la sociedad sobre los que apoyarse
(...). Había en él también desencanto y amargura: Adolfo se había sabido rodear
en 1977 de hombres objetivamente más brillantes que él, sin miedo a que la luz
de los demás oscureciera la suya propia; y la conducta de esos hombres en los
que había confiado pudo parecerle en 1979 y en 1980 poco leal, sobre todo en
las reuniones de la Casa de la Pradera (...). Sin duda también se sentía Suárez
injustamente tratado por la opinión y por la prensa (...). Hubo, en efecto, una
concentración de agresiones sobre su persona; y no supo defenderse de ellas desde la tribuna del Congreso de los
Diputados (...). También había en su ánimo el deseo de que no se le
atribuyera un excesivo apego al poder (...)".
"El ejemplo de Felipe González en su
Congreso (del PSOE) de 1979, con una dimisión a la que siguió el retorno
triunfal tres meses más tarde pudo también pesar en su ánimo (...). Pudo
esperar Adolfo Suárez que yo iba a naufragar pronto y que entonces él volvería
a encabezar las listas de una nueva UCD en unas elecciones anticipadas (...). Hubo,
en fin, un noble sentido de la Historia en su dimisión (...): sabía que dejaba
una obra importante: una obra que le asegura un lugar eminente en la historia
del siglo XX español, y sabía, tal vez, que difícilmente lo que hiciera luego
iba a añadir un codo a su estatura política de 1976, de 1977 y de 1978.
Dimitiendo, quiso aislar su segunda navegación de la primera."[11]
Según
recuerda el general Gutiérrez Mellado: "Lo comentamos y me dio muchos
argumentos. La principal razón era que había perdido la credibilidad de su
gente (...). Cuando te atacan los de fuera lo entiendes; pero cuando te atacan
los tuyos llega un momento en que es imposible gobernar (...). Lo que yo puedo
asegurar de forma tajante es que el Presidente Suárez no dimitió por miedo a un
golpe de Estado. ¡Eso no le iba ni a él ni a mí!"[12]
Para
De la Cierva, "Suárez no acertó a imponerse a los barones y a las tendencias ideológicas de UCD, entre otras razones,
porque en diversos momentos de su vida política se había declarado
sucesivamente miembro de cada una de ellas; dijo ser primero democristiano,
luego socialdemócrata, luego (ya fuera de UCD) liberal. No supo intuir dónde
estaba su verdadera fuerza política, que residía en la masa de sus votantes y
en el disciplinado sector independiente de la UCD; y dimitió cuando supo que ya
no contaba ni con su partido ni con la protección del rey. Comprendió bien su
misión histórica cuando logró la Reforma Política y el consenso constitucional;
pero nunca supo cuál era el horizonte de UCD como partido".[13]
Por
su parte, Alfonso Osorio le advirtió en 1977, cuando se separó de él:
"Creo que como no te rodees de hombres de convicciones firmes, aunque
resulten incómodos, en vez de un pequeño ejército de interesados en su propio
éxito, tránsfugas de posiciones diferentes, que te abandonarán cuando no lo
obtengan; como no percibas cuál es tu auténtico electorado; como no dotes al
Centro de una ideología coherente, inteligible y firme, éste puede disolverse a
los primeros embates y, sobre todo, a las primeras adversidades y entonces
enormes masas de españoles no sabrán dónde ir, si no a la radicalización más
absoluta".[14]
Calvo-Sotelo
supo darse cuenta de que Suárez era imprescindible para la continuación del
proyecto político ucedista. Dirigéndose a algunos barones, les llegó a decir: "Este invento, del cual yo sé más
que vosotros, que se llama UCD, sin Adolfo no aguanta (...). Adolfo es el
clavillo (del abanico), las varillas no tienen más unidad que ésa, si quitáis
el clavillo el abanico se deshace".[15]
Pocos días después de su dimisión, los Reyes
hicieron su primer viaje oficial al País Vasco, durante el que se produjo otro
de los episodios más tensos de la Transición. Los nacionalistas vascos, y
especialmente Herri Batasuna, el
brazo político de ETA, habían anunciado que no iban a tolerar la presencia en
"su país" del Rey de España. El 4 de febrero, durante su discurso en
la Casa de Juntas de Vizcaya, Juan Carlos I fue interrumpido por varios
parlamentarios batasunos; los demás reaccionaron aplaudiendo al Rey y dando
vivas a la Constitución. Mientras la policía se llevaba a los alborotadores, el
Rey continuó su discurso proclamando su fe en el pueblo vasco frente a aquéllos
que querían destruir la convivencia.
El 10 de febrero, en el Congreso de UCD
celebrado en Palma de Mallorca, Calvo-Sotelo fue designado candidato a la
Jefatura del Gobierno, mientras que Rodríguez Sahagún se convirtió en el nuevo
presidente de la coalición.
La votación parlamentaria para elegir al
Presidente se celebró el 20 de febrero. Calvo-Sotelo no consiguió la mayoría
absoluta exigida por la Constitución, de manera que se convocó una segunda
sesión, que se celebró la tarde del día 23. Mientras se procedía a la votación,
el teniente coronel Tejero[16]
irrumpió en el hemiciclo con un grupo de guardias civiles y secuestró al
Gobierno y a los diputados; por su parte, el teniente general Milans del Bosch
sacó los tanques a las calles de Valencia, esperando que la insurrección se
extendiese. Poco después, el general Alfonso Armada, que hasta entonces había
sido uno de los colaboradores más directos de Juan Carlos I, trató de convencer
a los principales mandos militares de que este golpe de Estado -que ha pasado a
la Historia como "el 23-F"- contaba con el apoyo del monarca.
Al ver que los guardias civiles estaban
amenazando a los parlamentarios, Gutiérrez Mellado, superior de los asaltantes
como miembro del Gobierno y como teniente general, se encaró a los hombres de
Tejero, que forcejearon con él e intentaron reducirle. Suárez fue a defenderle,
pero en ese momento los guardias empezaron a disparar sus armas; todos los
diputados tuvieron que refugiarse detrás de sus escaños, con las excepciones de
Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo, que estaba dispuesto a morir con
dignidad.
Después
de silenciar a los parlamentarios, uno de los hombres de Tejero anunció que
iban a esperar hasta que se hiciera cargo del poder una autoridad
"militar, naturalmente". Esa alta personalidad que no llegó a
presentarse como tal fue bautizada por los periodistas "el elefante blanco",
y le han sido atribuidas varias identidades: Milans del Bosch, el teniente
general De Santiago, el general Armada...
Juan Carlos I y su ayudante, el general Sabino Fernández Campo, llamaron
uno por uno a los mandos militares y les dejaron bien claro que la Corona se
oponía al golpe. Los oficiales se pusieron a las órdenes del Rey, unos por
convicción democrática, otros por disciplina castrense, hasta que a las pocas
horas de iniciado el golpe, los únicos reductos que quedaron en manos de los
sublevados fueron el Congreso (rodeado por la Policía Nacional) y la ciudad de
Valencia.
Durante aquella noche, secuestrado el Congreso, el Gobierno legítimo de
España recayó en la Comisión Permanente de Subsecretarios y Secretarios de
Estado, presidida por Francisco Laína.[17] Entrada la noche del día
23, el Rey consiguió difundir un mensaje televisado, en el que dejó clara su
repulsa del golpe de Estado. A continuación le envió por télex un comunicado a
Milans del Bosch, confirmándole su orden telefónica de que depusiera las armas,
y ratificándole su lealtad a la Constitución. Entonces, el general dejó sin
efecto su bando, acuarteló sus tropas y se fue a su domicilio a esperar
tranquilamente la orden de arresto, que le llegó al día siguiente.
La
mañana del 24 de febrero, el golpe de Estado ya había fracasado. Tejero aceptó
rendirse con una serie de condiciones, en cuya negociación intervino el general
Armada. El documento de rendición se conoce como el Pacto del Capó, ya que se
firmó sobre el capó de un Land Rover de los que estaban apostados a la entrada
de la Cámara. Esencialmente disponía la salida "digna y honrosa" de
los golpistas, que no serían desarmados, y se entregarían en sus cuarteles
respectivos; también exigía la ausencia de responsabilidades para los asaltantes
que tuvieran un rango inferior al de teniente.
Los principales líderes políticos han hecho su
personal valoración sobre el golpe de Estado:
En palabras de Carrillo, "cuando vi entrar a Tejero, en milésimas
de segundo pensé: te ha llegado la hora.
Pórtate dignamente; que no se rían de ti. No tenía duda de que si
triunfaban yo sería allí una de las primeras víctimas. Creo que supe conservar
el dominio de mí; no era una cuestión de más o menos coraje físico (...), era
el sentido de responsabilidad: el líder del Partido Comunista no podía tirarse
al suelo (...). Recorrí con la vista la Cámara y observé que la presidencia
había desaparecido también (debajo de los escaños). Sentí una tristeza enorme.
Recordaba los grabados del siglo anterior en los que se dibujaba la escena de
la entrada de Pavía en el hemiciclo con los diputados en pie protestando
airados contra el atropello. Lo que estaba viendo era muy diferente".
"Aquello
sólo podía pararlo el rey, con el peso de la autoridad que le había otorgado
Franco más que con la suya propia, por entonces muy en entredicho entre los
militares. El pueblo español, traumatizado aún por la memoria de la guerra y
del terror que le siguió, no estaba en condiciones de salir a la calle a hacer
frente a los sublevados como ocurrió en el 36 (...). En caso de que el rey no
lo parase, aquello podía terminar de dos maneras: con una dictadura militar o
con una claudicación de las Cortes y una ficción de Gobierno parlamentario
presidido por un general del que se había venido hablando."
"En
este segundo caso, si esa noche se presentaba un general ante las Cortes,
sitiadas por los guardias civiles sublevados, y solicitaba la confianza para formar
un Gobierno de emergencia, ¿cuántos
diputados -me preguntaba yo- nos atreveríamos a votar en contra? (...) Me
angustiaba la idea. En aquel momento yo estaba seguro de mí y de Suárez
-Gutiérrez Mellado no era diputado- y de algunos de mis camaradas. Pero la
dictadura podía venir así, poco a poco, por vía parlamentaria, frustrándose una
vez más las ansias populares de libertad."[18]
También
estaba en el hemiciclo el comandante Julio
Busquets, dirigente de la Unión Militar Democrática, considerado un traidor
por los militares inmovilistas. Para Busquets, que era diputado del Partit dels Socialistes de Catalunya,
"una primera razón del fracaso está en la propia génesis del golpe, que de facto era resultado de la simple
yuxtaposición de varios grupos de conspiradores, cuyos fines no eran los mismos
(...). El resultado de la discrepancia fue que Tejero (...) machacó el golpe
que él mismo inició", negándose a formar el Gobierno de concentración que
Armada le sugería. Por otro lado, "el efecto dominó lo imposibilitó el Rey
con su actitud decidida y enérgica".
El
militar aporta un episodio conmovedor, muy poco conocido: "Un bedel que
mantenía cerrada la puerta principal del hemiciclo, puesto que se estaba
realizando una votación. El buen bedel, fiel a la democracia pese a sus
probables orígenes franquistas, porfiaba por impedir el paso a Tejero, que era
más joven y fuerte, y le decía: Usted no
puede entrar aquí".
Busquets recuerda asimismo la actuación de
"un ayudante militar de Suárez al que llamábamos el Gurri, y que era
pariente lejano de Gutiérrez Mellado, que al producirse el secuestro entró en
el hemiciclo -a él no se lo podían impedir puesto que iba con el uniforme
puesto y era comandante o teniente coronel- y fue a sentarse en las escaleras,
al lado de Suárez. No dijo nada. Pero su actitud, sentado al lado del jefe del
Gobierno, momentáneamente derribado, durante un muy largo rato, resultaba
reconfortante, sobre todo si se tiene en cuenta que él no actuaba así por
razones políticas ni ideológicas, pues era conservador, sino porque tenía un
alto concepto de la disciplina militar y de la lealtad personal".[19]
Otra intervención que merece ser recordada fue
la del exdiputado ucedista Antonio Jiménez Blanco, que en aquellos momentos era
el presidente del Consejo de Estado, y que al enterarse de que sus antiguos
compañeros estaban secuestrados se fue al Congreso para compartir su misma
suerte.
Refiriéndose
al golpe, el general Gutiérrez Mellado dijo lo siguiente: "Aquel día pudo
haber estallado una nueva lucha entre españoles, una tragedia que nos hubiera
conducido a una situación análoga a otras anteriores de nuestra historia, en
las que tanto sufrió nuestra Patria (...). Nunca olvidaré de aquellas horas el
magnífico comportamiento de todos los empleados del Congreso, que actuaron con
una dignidad, un respeto y un afecto extraordinarios". En cuanto a las
causas, él apunta: en primer lugar, el terrorismo, del que se hizo responsable
al Gobierno, que para muchos había abierto la caja de los truenos al traer la
democracia; en segundo lugar, la formación del Estado de las Autonomías, que
para algunas personas supuso la puesta en peligro de la unidad de España;
también influyó la ambición personal de muchos militares y políticos que se
vieron relegados por no ser capaces de adaptarse al nuevo régimen
constitucional; y por último se refiere a que algunas personalidades escucharon
los "cantos de sirena" de "algunos aduladores", que les
hicieron creer que todos los españoles estaban en contra de las reformas y que
les iban a apoyar si tomaban alguna medida para mantener el franquismo.[20]
Frente
a estas afirmaciones están las que afirman la inutilidad de aquella intentona:
así, para Calvo-Sotelo, "el 23-F modificó
muy pocas cosas en España, en muy pequeña medida y por muy corto tiempo, contra
lo que ha solido afirmar un análisis ligero". De la misma opinión es
Alberto Oliart, futuro ministro de Defensa: "A principios de 1981, una
conspiración militar rápida y por sorpresa, casi más un putsch que un golpe de Estado, hubiera tenido alguna posibilidad de
éxito. Pero la dimisión de Suárez y el nombramiento de Calvo-Sotelo como
candidato rebaja mucho ese clima, porque desaparece la gran excusa: el supuesto
vacío de poder que el Ejército debía llenar. El 23-F fue un intento de ir a por
todas en el último momento, apoyándose en un golpe diseñado de una manera por
unos y ejecutado de otra manera por otros", aunque "pudo acabar en
baño de sangre".[21]
Tras
la resolución del golpe de Estado, el 26 de febrero Calvo-Sotelo se convirtió
en el nuevo Jefe del Gobierno. Suárez fue recompensado por el Rey con el título
de duque de Suárez, y continuó como un diputado más.
A mediados de 1982 se produjo la liquidación de UCD. Fernández Ordóñez se
pasó al PSOE, Herrero de Miñón a Alianza Popular, Óscar Alzaga creó el Partido
Demócrata Popular... Finalmente, en el mes de julio Suárez abandonó UCD y creó
de inmediato un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), acompañado
por algunos leales, como Rodríguez Sahagún y Calvo Ortega. Su objetivo era
sacar adelante un grupo inequívocamente centrista, cohesionado, ajeno a las
tensiones entre diferentes familias
políticas, con un líder indiscutible y sin la amenaza de los barones que habían descompuesto UCD.
En las elecciones de octubre de 1982, Suárez y Rodríguez Sahagún se
convirtieron en los únicos diputados del CDS. Las celebradas en 1986 supusieron
un avance muy fuerte para esta formación, que consiguió diecinueve diputados y
casi dos millones de votos. En enero de 1988 se integró en la Internacional
Liberal y Progresista, de la que el propio Suárez llegó a ser presidente al año
siguiente. En enero de 1988, Alfonso Marco Tabar representó al CDS en la firma
del Pacto de Ajuria Enea, junto a los demás partidos democráticos de Euskadi.
Después de estos éxitos iniciales, el CDS empezó una decadencia pareja al
auge de Alianza Popular. La formación liderada por Fraga fue aglutinando el
voto del centroderecha, mientras que el PSOE recogió a amplios sectores del
centroizquierda. En las elecciones generales de 1989 perdió cinco diputados.
Suárez abandonó la presidencia del CDS el 26 de mayo de 1991, al conocerse los
resultados de las elecciones municipales, que supusieron un fracaso enorme.
Entonces se formó una dirección interina, hasta que en diciembre de 1993 Calvo
Ortega fue elegido presidente. El CDS continuó participando en los comicios
celebrados desde entonces, con resultados muy minoritarios, hasta que en 2006
anunció su integración en el Partido Popular.
Tras su andadura en el CDS, Suárez tuvo que abandonar la vida política.
Además de su desubicación en una España dominada por la izquierda y la derecha,
se enfrentó a severos problemas de salud en su entorno familiar, que se llevaron
a su esposa, Amparo Illana, y a su hija Míriam. Su hijo, Adolfo Suárez Illana, fue candidato del Partido Popular a las
elecciones de Castilla - La Mancha. Otra de sus hijas, Sonsoles, ha destacado como periodista de televisión.
En 1996 recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. A finales
del siglo XX, afectado por una grave enfermedad mental, abandonó por completo
la escena pública, convirtiéndose en uno de los políticos más respetados por
todos los españoles, con independencia de sus ideas políticas.
Preston,
Juan Carlos..., págs. 321,
369, 373.
Prego,
Presidentes, pág. 26.
Calvo-Sotelo,
Memoria..., pág. 93;
Preston,
Juan Carlos..., pág. 377.
Calvo-Sotelo,
Ibíd., pág. 203.
En
la voz dedicada al presidente de las Cortes Constituyentes, Antonio Hernández
Gil, se desarrolla el proceso de aprobación de la Constitución con más detalle.
Para un relato exhaustivo de esta reunión,
vid.
De la Cierva,
El PSOE..., pág. 143 y
ss; también Prego,
Presidentes, págs.
104-105.
De la Cierva,
El PSOE..., pág. 171 y
ss; Preston,
Juan Carlos..., págs.
450, 454.
Calvo-Sotelo,
Ibíd., págs. 29-32; las
cursivas son del propio Calvo-Sotelo.
De la Cierva,
El PSOE..., pág. 28. El
paréntesis,
sic en la cita original.
Vid. también las págs. 126-127, 158-60,
171 y ss.
La lista íntegra de este organismo, con indicación de los cargos que
desempeñaban sus componentes, en
Diario16,
Historia de la Transición, vol. II,
pág. 660.
Carrillo, pág. 712 y ss. Todas las acotaciones y destacados,
sic en la cita original.
Busquets, pág. 336 y ss. Todos los destacados,
sic en la cita original.
Picatoste, págs. 117-121.
Calvo-Sotelo,
Memoria..., pág. 169;
artículo de Oliart publicado en
El País
Digital, 23 de febrero de 2001.
