La
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) acaba de
hacer público un comunicado bastante duro, en el que se lamenta de que diversos
Ayuntamientos de la Región no se estén movilizando lo suficiente para defender
a los agricultores que fueron expropiados por la autopista de Vera a Cartagena.
Las
críticas de la COAG van dirigidas, sobre todo, al Ayuntamiento de Cartagena,
pero también acusan de pasividad a otros en el eje de la AP-7, como Águilas,
Lorca, Fuente Álamo, y otros municipios andaluces.
La
COAG afirma que muchos agricultores fueron expoliados, que perdieron sus
terrenos para que se hiciera una obra que califican de faraónica; dicen que muchos
aún no han recibido el pago por la expropiación, y que los Ayuntamientos deberían
presionar al Estado para defender a estos vecinos.
Reproduzco
en su integridad el comunicado difundido desde la COAG, sumándome a la petición
de que estos propietarios, que perdieron sus terrenos, reciban cuanto antes la
compensación a la que tienen derecho.
Se reunieron en Cartagena, con Pilar Barreiro de anfitriona, los alcaldes
y concejales de Vera, Cuevas del Almanzora, Pulpí, Lorca, Águilas y Fuente
Álamo, para no perder los “despojos” tras la muerte de la autopista
Cartagena-Vera
COAG MURCIA LAMENTA QUE ESOS MISMOS AYUNTAMIENTOS NO MOVIERAN NI UN SOLO
DEDO PARA QUE LOS AGRICULTORES COBREN LAS INDEMNIZACIONES POR LA EXPROPIACIÓN
DE SUS TIERRAS
COAG Murcia reitera su exigencia de que, sin más dilación, el Gobierno de
España se haga cargo de las indemnizaciones que se les adeudan a los
agricultores expropiados
Murcia, a 20 de junio de 2014. El final de la autopista
Cartagena-Vera, en su versión privada, va a ser más que catastrófico y nos
costará a los ciudadanos nuestros dineros, como suele suceder. Pero, además,
gracias a los ayuntamientos que enloquecieron de alegría cuando conocieron el
proyecto de la construcción de una autopista privada por sus territorios,
amenaza con ser también patético.
Actuando
Pilar Barreiro de anfitriona, se
reunieron en Cartagena los alcaldes y concejales de Vera, Cuevas del Almanzora,
Pulpí, Lorca, Águilas y Fuente Álamo, para no perderse los despojos tras la muerte de la autopista
Cartagena-Vera, ya que temen perder los
ingresos del IBI especial que les paga la empresa concesionaria de la
misma, AUCOSTA, a consecuencia del posible rescate por el ministerio de Fomento
y la vía pase a ser, además de pública, gratuita, por lo que piden a la
Federación de Municipios que estudie las formas de compensación para cubrir los
ingresos, si ese impuesto especial desaparece.
Desde
COAG Murcia nos opusimos a la construcción de dicha autopista, tal y como se
planteó en su inicio, por los gravísimos
daños que se iba a ocasionar a una amplia zona de cultivo, especialmente en
el Campo de Cartagena, ya que su trazado discurriría por cientos de fincas de
alto valor productivo.
En
este punto hemos de añadir que, no sólo
no contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, sino que éste pactó con
la empresa concesionaria su aceptación de la autopista a cambio de una obra faraónica de accesos a
Cartagena consistente en un acceso norte, un eje transversal y una ronda oeste,
tramo libre de peaje, que otros, por supuesto, pagarán, multiplicando por ese
capricho innecesario la ocupación de terrenos agrícolas expropiados.
¡¡¡Y también a cambio,
ahora nos enteramos, de unos ingresos anuales por el IBI especial!!!
Tras
haberse aprobado la entrada de la empresa AUCOSTA, concesionaria de dicha
autopista, en concurso de acreedores, cientos de propietarios que tuvieron que
ceder sus tierras y, en muchos casos sus viviendas, merced a la Ley que regula
la Expropiación Forzosa, siguen hoy, 9
años después, a la expectativa de saber si van o no a cobrar el importe de
dichas expropiaciones que, a fecha de hoy, todavía se les adeuda. Lo que se
agrava cuando ya se conoce la intención del ministerio de Fomento de rescatar,
con dinero público, dicha obra.
Por
ello, COAG Murcia vuelve a reiterar su exigencia
de que, sin más dilación, el gobierno se haga cargo de las indemnizaciones que
se les adeudan a los agricultores expropiados ya que, si se aplicó la ley
que regula la expropiación forzosa al considerar la obra de interés general, es
ahora el estado, que ha de velar por el cumplimiento de la ley, quien ha de
declarar también de interés general -y de justicia- que se pague lo que se les
debe a los agricultores y propietarios.
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