La noticia publicada hoy, día 28, de que el Gobierno
central instará a los municipios gobernados por el PSOE a organizar referéndums
de segregación de sus pedanías, cuando éstas superen los 1.500 habitantes
censados, antes del 31 de diciembre de 2021, podría acarrear cambios muy
destacados en el mapa municipal de la Región de Murcia, y de manera muy
especial en Lorca.
Nuestro término municipal, el segundo en
extensión de España después de Cáceres, podría verse mermado si se produjera la
segregación –la independencia, aunque el término moleste– de Almendricos (1.850
habitantes), algo que sus vecinos llevan tiempo solicitando. Pero no debemos
olvidar que hay otras pedanías y diputaciones lorquinas que superan la cifra de
1.500 vecinos/as empadronados: El Campillo (3.800), Tercia (3.000), Cazalla
(2.850), Purias (2.300), La Torrecilla (2.200), Marchena (1.600)... no parece
probable un referéndum que culmine con la creación de esta media docena de
nuevos municipios en la huerta lorquina, y se cuenta con que el buen criterio
de Paco Gómez impediría que La Hoya se independizase pese a sus 3.500
habitantes, pero es preocupante que La Paca, con 1.300 vecinos, podría decidir
que ya está bien de estar a mitad de camino entre Lorca y Caravaca... y ya
sabemos que los paqueros y paqueras son gente que los tienen bien puestos.
Esta absurda petición, por parte de un
Gobierno socialista que de esta manera pretende ganarse el voto independentista
en el Parlamento, podría arrastrar a otros municipios cuyos líderes municipales
deberían acatar las directrices emanadas desde la calle Ferraz o entregar el
bastón de mando a la oposición.
Las diputaciones de Águilas están muy
lejos de la barrera de 1.500 habitantes, por lo que Mari Carmen Moreno podría
permanecer cruzada de brazos ante esta exigencia que pone a muchos alcaldes y concejales
del PSOE entre la espada y la pared; en Alhama no hay pedanías que se acerquen
ni de lejos a esa cifra, lo que permitiría que Diego Conesa salvara el tipo,
aunque sin duda le tocará hacer encaje de bolillos para acatar las resoluciones
de su partido y de Pedro Sánchez convenciendo a los alcaldes de que fraccionar
el término municipal va a ser algo positivo. Mazarrón podría afrontar principalmente
la segregación del Puerto (10.900 hab.), lo que le privaría de buena parte de
su fachada marítima y de una fuente de ingresos fundamental.
Pero el problema principal vendría de
Cartagena; la segunda ciudad de la Región, en lo que se refiere a demografía,
tiene una veintena de diputaciones que superan con creces la barrera de los
1.500 habitantes. Pensemos en El Algar, La Palma, Alumbres, Albujón... y
empecemos a restar población y a segregar municipios hasta dejarla por debajo
de Lorca, de Molina de Segura o de Alcantarilla. Algo que resultaría
inaceptable para la inmensa mayoría de cartageneros y que no iría acompañado de
una merma similar en la ciudad de Murcia, gobernada por un PP que desde luego no
secundaría una decisión tomada desde la Moncloa para satisfacer a los
independentistas catalanes.
En resumen, una decisión pensada desde el
corazón del Estado que no tiene en cuenta las particularidades del resto de
España. Confiemos en que los barones territoriales del PSRM sabrán plantarle
cara a una medida suicida que podría multiplicar por dos el número de
municipios de nuestra Región.
